Las revisiones corresponden a la vigencia 2025 e incluyen alcaldías, empresas de servicios públicos, entidades territoriales y proyectos de infraestructura.
La Contraloría de Cundinamarca inició el segundo ciclo auditor del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, PVCFT 2026, con revisiones a más de 25 entidades y municipios del departamento.
El proceso corresponde a la vigencia 2025 e incluirá auditorías financieras de gestión y resultados, auditorías abreviadas, actuaciones especiales de fiscalización y seguimiento a proyectos de infraestructura pública.
De acuerdo con la entidad, el ciclo auditor se extenderá hasta julio y tendrá como propósito verificar el manejo de los recursos públicos en alcaldías municipales, empresas de servicios públicos y entidades territoriales.
El contralor de Cundinamarca, Andrés Felipe Trujillo Galvis, explicó que las auditorías se desarrollarán durante varios meses y permitirán ejercer un control técnico y cercano sobre la ejecución de los recursos oficiales.
La Contraloría informó que este nuevo ciclo se definió tras los resultados de revisiones anteriores, en las que se detectaron hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y sancionatorios.
Esos hallazgos estuvieron relacionados principalmente con inconsistencias financieras, deficiencias en el cargue de información, debilidades en la planeación contractual y fallas en los procesos de supervisión.
Dentro del grupo de entidades y municipios que serán objeto de Auditoría Financiera de Gestión y Resultados están la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá, la Terminal de Transportes de Fusagasugá y las administraciones municipales de Guataquí, Pasca, Sopó, Tenjo, Villeta y Zipacón.
Las Auditorías Financieras de Gestión y Resultados Abreviadas se realizarán en Apulo, Cachipay, Gama, Guasca, Guatavita, La Peña, La Vega, Quipile, San Francisco, Subachoque, Suesca, Tausa, Vergara y Yacopí.
A estas revisiones también fueron incluidas la Empresa Aguas de Facatativá E.S.P. y la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
Uno de los puntos principales del ciclo será la actuación especial de fiscalización que adelantará la Contraloría en el municipio de Gachetá y en el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU.
Esta actuación tendrá incidencia en El Colegio, Tibirita, Nemocón, Sibaté, Apulo, Guatavita y Anapoima, especialmente en proyectos de infraestructura y construcción de plazas de mercado.
La entidad indicó que esta revisión busca establecer si los recursos destinados a estas obras fueron ejecutados de manera adecuada y si los contratos cumplieron con los principios de eficiencia, planeación y transparencia exigidos por la ley.
El seguimiento también permitirá verificar posibles retrasos, inconsistencias técnicas o afectaciones presupuestales en las obras revisadas.
Según el cronograma definido por la Contraloría, durante mayo se desarrollará la etapa de planeación de las auditorías. En junio se realizarán visitas de campo y recopilación de evidencias en los municipios y entidades priorizadas.
Posteriormente, en julio se emitirán los informes definitivos junto con los procesos de contradicción que podrán presentar los sujetos de control.
