Distrito advierte sobre la posible instrumentalización de menores en transporte de drogas y actividades irregulares.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, radicó este sábado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena emberá en actividades relacionadas con el microtráfico. De acuerdo con el Distrito, los menores estarían siendo utilizados para transportar sustancias ilegales desde el sector de San Bernardo hasta el asentamiento de La Rioja, lo cual representa una grave vulneración a sus derechos fundamentales.
La denuncia se sustenta en evidencias recolectadas por el equipo de Infancia de la Secretaría, el cual ha acompañado de cerca esta situación que, según el Distrito, refleja una preocupante dinámica que vincula a menores con redes delictivas. Además del transporte de sustancias ilícitas, se advierte que algunos niños están siendo incorporados en funciones de vigilancia o guardia dentro de los asentamientos, particularmente en el Parque Nacional, donde incluso se han registrado choques con vehículos y otras acciones potencialmente peligrosas.
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, indicó que estas acciones podrían constituir violaciones a la ley, pese a que las comunidades indígenas cuentan con autonomía reconocida por la Corte Constitucional. “Hay límites que deben respetarse, especialmente cuando se pone en riesgo a los niños”, señaló. El Distrito afirma tener material audiovisual que evidencia estos hechos y que ya ha sido entregado a las autoridades competentes.
Actualmente, cerca de 70 familias emberá permanecen en el Parque Nacional, tras haberse desplazado desde la UPI La Florida en busca de una reubicación o retorno seguro a sus territorios. La consejera de Paz, Isabelita Mercado, afirmó que estas familias llevan más de tres años en Bogotá, y que el Distrito ha invertido cerca de $17 mil millones en garantizarles acceso a salud y educación. No obstante, la alcaldía insiste en que el Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad en el restablecimiento de derechos y en los procesos de retorno. El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado al ICBF y a la Unidad de Víctimas para que actúen de manera urgente ante esta situación.
