La planta representa una de las apuestas más importantes en la recuperación ambiental del río Bogotá y tendrá una inversión cercana a los 6,2 billones de pesos.
El departamento de Cundinamarca confirmó su participación en la cofinanciación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, considerada la más grande de Suramérica. En la más reciente sesión del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (CAR), se aprobó el presupuesto que garantiza el inicio de esta obra de infraestructura ambiental sin precedentes.
Con una inversión estimada de 6,2 billones de pesos a precios corrientes del año 2023 y una duración de obra de aproximadamente seis años, la PTAR Canoas está diseñada para tratar las aguas residuales del 70% de la ciudad de Bogotá y del 100% de Soacha, que actualmente son vertidas sin tratamiento al río Bogotá.
“Este proyecto transformador marcará un antes y un después en la historia ambiental de nuestro territorio. La descontaminación del río Bogotá no solo mejorará su calidad hídrica, sino que generará beneficios ecosistémicos, de salud pública y económicos para millones de personas”, indicó el director de la CAR, Alfred Ballesteros, tras la aprobación del presupuesto.
La PTAR Canoas se plantea como una solución técnica a la contaminación y, además, como una oportunidad para recuperar la relación entre los ciudadanos y el río, permitiendo navegarlo, disfrutar de sus paisajes y crear espacios para el esparcimiento familiar.
Además, su impacto positivo no se limitará al centro del país. La descontaminación del río Bogotá beneficiará directamente al río Magdalena, ya que el primero desemboca en este a la altura del municipio de Ricaurte. Esto mejorará la calidad del agua, protegerá la biodiversidad y fortalecerá actividades como la pesca, el turismo y la agricultura en amplias regiones del país.
La decisión fue respaldada de manera unánime por el Consejo Directivo de la CAR, en el que tienen representación el Gobierno Nacional, la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, las alcaldías municipales, ONG ambientales, así como comunidades indígenas y étnicas.
Asimismo, se reconoció el papel fundamental del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, cuyas decisiones judiciales han sido claves para priorizar la recuperación del río Bogotá como una política pública de carácter estructural.
