Un proyecto destinado a proteger 581.000 hectáreas fue suspendido, pese a contar con participación comunitaria. El Ministerio de Ambiente interpuso una tutela en defensa de la iniciativa.
La protección ambiental de la Sabana enfrenta un nuevo obstáculo tras la suspensión del proyecto que pretendía conservar zonas estratégicas como humedales, acuíferos y bosques. La medida fue tomada por el Tribunal, pese a que el proceso contó con 43 mesas de participación comunitaria.
La decisión judicial dejó sin efecto una propuesta que delimitaba áreas claves para el agua y la biodiversidad. Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente presentó una acción de tutela para que se reconozca el trabajo colectivo que se hizo con múltiples sectores.
El plan en disputa contempla nuevas reglas ambientales para actividades urbanas, agrícolas y mineras. Esta iniciativa surge como respuesta al crecimiento poblacional acelerado que ha generado presión sobre los recursos naturales de la región.
En las últimas dos décadas, la Sabana ha perdido más del 70 % de sus humedales y cerca del 10 % de sus suelos agrícolas fértiles. Las construcciones desordenadas también han incrementado los riesgos por inundaciones y deslizamientos en municipios como Mosquera.
Este proyecto fue promovido por el Ministerio de Ambiente como una herramienta de ordenamiento que favorece a la ciudadanía, al garantizar desarrollo sostenible y prevenir crisis ambientales. Los expertos afirman que no reemplaza los planes locales sino que los complementa.
La comunidad sería la más beneficiada con la reactivación de esta resolución, ya que busca garantizar acceso al agua, protección de territorios y frenar daños ambientales graves. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes priorizan el desarrollo urbano y quienes defienden la vida natural.
