A diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten retrasos en la reparación de las víctimas, la reforma rural y las garantías de seguridad para las comunidades afectadas por el conflicto armado.
Durante una audiencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que menos del 5 % de los 1.367 sujetos de reparación colectiva han terminado la ejecución de sus planes.
También indicó que ocho de cada diez víctimas no han recibido atención psicosocial y que tres de cada cuatro personas desplazadas continúan en situación de vulnerabilidad.
Los datos forman parte del informe «Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz», presentado por la entidad para evaluar los resultados y compromisos pendientes desde 2016.
El documento reconoce que más de 14.100 personas dejaron las armas y que 10.943 permanecen vinculadas al proceso de reincorporación. También registra resultados en educación, atención en salud y proyectos productivos para los antiguos combatientes.
En materia de justicia transicional, la Defensoría destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas por graves crímenes cometidos durante el conflicto.
Sin embargo, la entidad advirtió sobre los retrasos en la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dirigidos a municipios afectados por la violencia y la pobreza.
La Defensoría también expresó preocupación por las amenazas contra líderes comunitarios, víctimas y firmantes del acuerdo, así como por las desigualdades que persisten en distintas regiones.
Iris Marín recordó que el cumplimiento de lo pactado constituye una obligación constitucional del Estado y debe mantenerse independientemente de los cambios de gobierno.
La entidad pidió que las instituciones responsables presenten resultados verificables y atiendan los compromisos pendientes con las comunidades afectadas por el conflicto.
