Los comparecientes destacaron su participación en actividades de reconocimiento y reparación, así como en apoyo humanitario y propuestas legislativas a favor de víctimas y poblaciones excluidas.
En un nuevo capítulo del Caso 07 sobre el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, los exjefes de las extintas FARC entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su respuesta al Auto 005 de 2024. En el documento los ex FARC reconocen con “profundo dolor” que el reclutamiento infantil fue “un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades”.
Los firmantes del texto —Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra— asumieron su responsabilidad con la verdad y afirmaron que sus acciones, aunque se dieron en el contexto del conflicto armado, dejaron “cicatrices hondas en el tejido social” y no pueden justificarse ni por la guerra ni por la desigualdad.
En su declaración, expresaron que su aporte no busca una simple defensa jurídica, sino ofrecer una “verdad que esclarezca lo ocurrido, que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición”. Además aseguraron que han hecho observaciones que fortalecen el proceso judicial como una muestra de su compromiso colectivo con el país y con las víctimas.
Los comparecientes también destacaron su participación en actividades de reconocimiento y reparación, apoyo humanitario y propuestas legislativas a favor de víctimas y poblaciones excluidas. “Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la reconciliación”, afirmaron, citando acciones como el apoyo a familiares de personas desaparecidas y el trabajo conjunto frente al secuestro a través de Revipaz.
En línea con ese compromiso, los firmantes solicitaron a la JEP que se amplíe la resolución vigente del macrocaso 01, incorporando los hechos y conductas adicionales identificados en el caso 07. En ese sentido, insistieron en “la necesidad de una única resolución de conclusiones, así como la de unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción”.
Finalmente, reiteraron su disposición a seguir contribuyendo con una “verdad judicial útil para las víctimas” y pidieron que se consideren sus observaciones, “hechas desde una postura jurídica, ética y política”, como parte de su esfuerzo continuo por construir paz y reconciliación en Colombia.
