La autorización para utilizar datos personales puede ser revocada en determinados casos.
Los colombianos tienen derecho a conocer qué información personal conservan las empresas, solicitar su corrección y, cuando corresponda, revocar la autorización para su tratamiento o pedir que sea eliminada de una base de datos.
Así lo explicó en entrevista con El Dorado Radio Alejandro Londoño, abogado y docente de la Universidad de los Andes, quien recordó que la Ley Estatutaria 1581 de 2012 establece las principales reglas para la protección de datos personales en Colombia.
“Todos los ciudadanos colombianos tenemos el derecho a revocar la autorización y solicitar la supresión de esa información”, afirmó Londoño.
El experto aclaró que aceptar los términos de una aplicación, plataforma o servicio no concede a una empresa autorización ilimitada sobre la información de una persona. El tratamiento debe corresponder a las finalidades para las cuales fueron recolectados y autorizados los datos.
Una protección especial existe para información biométrica como las huellas dactilares, el reconocimiento facial o el iris. Londoño explicó que estos son considerados datos sensibles y, por tanto, están sometidos a condiciones especiales para su tratamiento.
El abogado también se refirió a las llamadas y mensajes comerciales que reciben ciudadanos sin conocer cómo una empresa obtuvo su número telefónico u otros datos. En estos casos recomendó preguntar por el origen de la información y solicitar su eliminación cuando no se quiera continuar recibiendo esas comunicaciones.
La solicitud debe presentarse inicialmente ante la empresa responsable de la base de datos. Si esta no responde dentro de los términos establecidos o el ciudadano considera que continúa vulnerando sus derechos, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Londoño insistió en que entregar información para utilizar una aplicación, comprar un producto o acceder a un servicio no significa perder el control sobre ella: los ciudadanos conservan derechos sobre la forma en que sus datos son almacenados y utilizados.
