El reciente paquete fiscal estadounidense, conocido como “One Big Beautiful Bill” y firmado el pasado 4 de julio, incluye un impopular gravamen del 1 % sobre todas las remesas enviadas desde EE. UU al exterior.
Este impuesto, que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026, afectará a miles de familias en América Latina. Muchas de ellas viven del dinero que envían los migrantes, lo que representa el sustento diario en sus hogares. En 2025, las remesas enviadas a Colombia alcanzaron un máximo histórico de US$13.000 millones, superando los ingresos por exportaciones de petróleo, según informes de Corficolombiana.
Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 8 de cada 10 migrantes latinoamericanos envían dinero para cubrir gastos como alimentación, vivienda y transporte de sus familiares en el país de origen; además, asumen costos mayores en el corto y largo plazo, como complicaciones médicas o la educación de sus hijos.
El principal origen de las remesas en América Latina, que en 2025 sumaron aproximadamente US$160.000 millones, es Estados Unidos.
Este 1 % se aplicará solamente a los pagos en efectivo y no a todo tipo de envíos, como se preveía inicialmente. El hecho de que por cada US$1.000 enviados, US$10 se destinen a este impuesto implica que los migrantes deberán generar más ingresos para compensarlo.
¿Cuál sería el efecto en el volumen de remesas?
Según un análisis del Center for Global Development, una subida del 1 % en el costo de envío provocaría una caída del 1,6 % en el volumen transferido. En América Latina, esa reducción podría representar menores ingresos de hasta US$1.600 millones anuales, especialmente en países como México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se estima que el nuevo impuesto afectará estos ingresos, reduciendo tanto los envíos netos a los hogares como su efecto en el consumo local. Además, según expertos en política económica internacional, habría consecuencias macroeconómicas y sociales en algunas economías locales. Países como El Salvador podrían perder hasta el 0,6 % de su Renta Nacional Bruta (RNB); Guatemala y Honduras también presentarían pérdidas relativas.
Uno de los posibles efectos es que algunas familias recurran a transferencias informales, criptomonedas o intermediarios, lo que dificultaría la regulación y reduciría la recaudación oficial.
Otra consecuencia identificada está relacionada con los flujos migratorios. Algunos analistas advierten que la menor capacidad de apoyo familiar podría generar más presión migratoria a largo plazo. Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y exviceministro de Finanzas Públicas de Guatemala, manifestó que “Es probable que el nuevo impuesto de 1 % es algo que los migrantes estarían dispuestos a costear especialmente cuando el bienestar de las familias está en juego, pero podría haber una baja, no una caída catastrófica”.
Tomás Bercovich, de Global66, señala que “el impuesto y los costos adicionales reducirán el monto final recibido por hogares colombianos, lo que afectaría el consumo y el dinamismo de economías locales”.
El impuesto del 1 % entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
