En los últimos dos años, la Asamblea aprobó ordenanzas de Cundinamarca que hoy son política pública y benefician a veteranos de la Fuerza Pública, deportistas de alto rendimiento y empresas. Las iniciativas, impulsadas desde el legislativo departamental, buscan fortalecer el bienestar social, el desarrollo deportivo y el respeto por los derechos humanos.
Durante una entrevista en El Dorado Radio, la diputada Nancy Patricia Gutiérrez presentó su balance de gestión en la Asamblea, destacando que estas ordenanzas de Cundinamarca convierten decisiones normativas en beneficios concretos para poblaciones históricamente invisibilizadas y sectores estratégicos del departamento. Según explicó, el objetivo ha sido que la política pública se traduzca en oportunidades reales y medibles para la ciudadanía.
La primera iniciativa, la ordenanza 013 de 2024, reconoce a los veteranos y retirados de la Fuerza Pública como población prioritaria dentro de la oferta institucional de la Gobernación. Esta norma les permite acceder a programas sociales en educación, vivienda, salud mental y formación para la reincorporación a la vida civil. De acuerdo con la diputada, se trata de un acto de gratitud y reparación que busca dignificar a quienes prestaron su servicio al país y hoy requieren respaldo del Estado.
La segunda medida, la ordenanza 037 de 2025, responde a la realidad de los deportistas de alto rendimiento en Cundinamarca. La norma permite validar la práctica deportiva como servicio social estudiantil, reconociendo las extensas jornadas de entrenamiento que enfrentan niñas, niños y jóvenes. Además de aliviar la carga académica, la iniciativa incentiva el deporte como proyecto de vida y se articula con el Plan de Desarrollo Departamental, que apunta a incrementar el número de medallas para el departamento.
En el ámbito económico y social, la ordenanza 051 de 2025 crea un sistema voluntario para que empresas de todos los tamaños adopten procesos de debida diligencia en derechos humanos. La medida promueve relaciones más armónicas entre sector privado, Estado y comunidades, con el fin de reducir la conflictividad social y fortalecer una economía orientada al bien común, donde el crecimiento empresarial esté ligado al respeto por los derechos laborales y sociales.
Finalmente, Gutiérrez subrayó que el principal desafío será el seguimiento a la implementación efectiva de estas ordenanzas de Cundinamarca, con énfasis en la juventud. Alertó sobre la falta de oportunidades para jóvenes que no estudian ni trabajan y reiteró la necesidad de políticas integrales para prevenir su vinculación a economías ilegales. “El desarrollo de Cundinamarca pasa por garantizar bienestar, oportunidades y dignidad”, concluyó.
