La medida ha generado fuertes críticas desde sectores educativos y comunitarios, que advierten sobre el impacto en millones de niños de bajos ingresos.
Los fondos retenidos forman parte del presupuesto asignado al Título IV del Departamento de Educación, dirigido principalmente a programas de apoyo integral al estudiante. En declaraciones anteriores, voceros de la administración Trump han argumentado que se trata de una medida temporal de “revisión presupuestal”, pero legisladores demócratas denuncian que es parte de un plan más amplio para desmantelar apoyos educativos públicos.
Organizaciones como Afterschool Alliance y National PTA han señalado que la retención afectará a más de 10 millones de estudiantes que dependen de estos servicios para completar su jornada educativa, mantenerse seguros y recibir atención socioemocional después del horario regular.
La secretaria de Educación, Betsy DeVos, no ha emitido comentarios públicos recientes sobre la decisión, mientras grupos de padres y educadores convocan protestas y exigen al Congreso presionar por la liberación inmediata de los recursos.
