El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Villamizar Meneses, vocero de la oposición, radicó un proyecto de ley que busca que, a través de un marco normativo, se garantice la subsistencia de los frentes de seguridad ciudadana y que estos cuenten con financiación pública.
“Colombia está cansada de la inseguridad, el fleteo, el microtráfico y la extorsión; y porque a Petro le quedó grande la seguridad del país; tristemente, pareciera que los bandidos tienen más recursos para seguir delinquiendo, que los frentes de Seguridad”, así lo expresó el vocero de la oposición, el representante Óscar Villamizar.
Los frentes de seguridad ciudadana son aquellos grupos de ciudadanos de carácter civil que apoyan, mediante acciones informativas y de alarma, la gestión, prevención y acción para la seguridad en los municipios y departamentos.
Esta iniciativa legislativa tiene por objeto legalizarlos y organizarlos para que puedan operar bajo la coordinación y liderazgo de la Policía Nacional, entidad que será la encargada de capacitar estos frentes de forma periódica para el cumplimiento cabal de sus funciones.
Los frentes podrán ser de tipo departamental, municipal, local, barrial o veredal en los municipios que superen los 200.000 habitantes. Estos se inscribirán en las secretarías de seguridad o de gobierno, cuando aquellas no existan en la entidad territorial, y será el secretario quien decida sobre el cumplimiento de los requisitos para la autorización de su creación.
Las alcaldías y departamentos podrán usar los recursos de los Fondos de Seguridad Territorial (Fonset) para dotar de equipos de vigilancia y alarma, ya que se entenderá que las acciones comunitarias de los frentes serán parte de los planes integrales de seguridad.
Asimismo, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), destinará por lo menos el 30 % para la dotación de los frentes; recursos que se entregarán de forma rogada por las entidades territoriales.
Hoy la inseguridad está desbordada en el país. Según la investigación realizada por el representante Villamizar, solo en Bogotá, para enero de 2025, los homicidios se han incrementado en un 40 % (98 casos), frente a los 70 que se dieron para la misma fecha en 2024. Asimismo, la extorsión subió un 15,1 %, pasando de 126 casos a 145, y las lesiones personales aumentaron un 8,2 % en 2025.
Actualmente, se lleva un registro de 170.060 denuncias por extorsión en Colombia, de las cuales 140.837 están en etapa de indagación, y tan solo el 17 % ha tenido algún desarrollo judicial o penal.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), los modos operandi más recurrentes son a través de llamadas telefónicas, con 4.513 casos; los cobros directos, con un 26 %; y las redes sociales, con un 14,3 %, completan las modalidades de extorsión. Cabe resaltar que el 40 % de las extorsiones se realizan en el país desde centros carcelarios.
En buena medida, este proyecto tiene como objetivo darle las herramientas necesarias a los frentes de seguridad para potenciar las capacidades comunitarias, crear lazos de confianza entre la Policía Nacional y los ciudadanos, y entender la seguridad y los planes de seguridad de forma más amplia y participativa.
