El fallo ordena la reparación de los perjuicios ocasionados a los familiares de Dilan Cruz, quien murió durante una jornada del paro nacional de 2019 en Bogotá.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, ocurrida durante una jornada del paro nacional de 2019 en Bogotá.
La decisión declara la responsabilidad administrativa de las entidades por los daños ocasionados a la familia del joven, quien falleció el 25 de noviembre de ese año.
De acuerdo con la sentencia, Dilan Cruz murió tras recibir un impacto en la cabeza de una munición tipo Bean Bag, disparada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El fallo, de 28 páginas, concluye que los hechos constituyeron una grave violación de los derechos humanos.
Los magistrados señalaron que la actuación de la fuerza pública vulneró los derechos a la vida y a la protesta del joven. Además, indicaron que el uso de la fuerza no estuvo precedido de una evaluación adecuada de los principios de necesidad y proporcionalidad, por lo que calificaron el procedimiento como irregular y excesivo.
En la decisión judicial también se advierte que la muerte de un manifestante tiene un impacto que trasciende a las víctimas directas, al generar efectos sobre el ejercicio del derecho a la protesta y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El fallo ordenó aumentar la reparación económica a favor de la familia de Dilan Cruz como parte de las medidas de reparación integral, aunque negó la solicitud de construir un monumento en su memoria al considerar que no era una medida procedente dentro del proceso. La decisión, al tratarse de una sentencia de primera instancia, podrá ser apelada ante el Consejo de Estado si alguna de las partes ejerce ese recurso dentro de los términos establecidos por la ley.
Como parte de los argumentos, el Tribunal citó cifras de la Campaña Defender la Libertad, según las cuales entre el 21 de noviembre de 2019 y el 28 de julio de 2021 se documentaron 133 muertes en contextos de protesta social en Colombia.
