Walter Orozco, exvicepresidente del antiguo Seguro Social analizó en El Dorado Radio el impacto de la decisión del Consejo de Estado.
La decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente los apartes restantes del decreto que obligaba a las AFP a trasladar recursos hacia Colpensiones volvió a poner sobre la mesa el debate por el manejo de los ahorros pensionales y el alcance de la llamada “ventana pensional”.
Tras el anuncio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó esta decisión y aseveró que no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. “Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, argumentó.
El jefe de la cartera laboral dijo que “el Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas de los colombianos”, lo que suscita una pregunta: ¿los ahorros de los colombianos están atrapados en los fondos privados?
El tema fue analizado en entrevista para el Dorado Radio por Walter Orozco, exvicepresidente del antiguo Seguro Social (ISS), quien explicó que la medida judicial, aunque todavía no es un fallo definitivo, representa un duro golpe para las expectativas del Gobierno frente al ingreso de recursos provenientes de afiliados que decidieron cambiarse de régimen.
Según explicó Orozco, la controversia nace con la Ley 2381, que habilitó una ventana especial para que miles de trabajadores pudieran trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones, incluso cuando antes ya habían perdido esa posibilidad por límite de edad.
“Los trabajadores colombianos tenían la posibilidad, bajo el régimen de la Ley 100 del 93, de trasladarse entre uno u otro régimen, pero había restricciones. Cuando faltaban menos de 10 años para pensionarse ya no podían hacerlo”, señaló.
El exvicepresidente del antiguo ISS aseguró que muchas personas quedaron “atrapadas” en fondos privados pese a querer regresar al régimen público. “Hubo muchos intentos en el Congreso por habilitar esa posibilidad y mediante la Ley 2381 se abrió una ventana pensional que permite que esas personas se pudieran trasladar sin ningún tipo de restricción”, indicó.
Esa ventana estará vigente hasta el próximo 16 de julio de 2026 y, de acuerdo con Orozco, permite que quienes hagan el traslado mantengan intactos los beneficios del régimen de prima media administrado por Colpensiones.
Sin embargo, el centro de la discusión jurídica está en qué ocurre con el dinero ahorrado por esos afiliados. Orozco explicó que al momento del traslado la persona lleva consigo dos elementos: las semanas cotizadas y el ahorro acumulado en la cuenta individual.
El experto explicó que existen dos grupos distintos dentro de quienes hicieron uso de la ventana pensional: quienes ya cumplen requisitos para pensionarse de inmediato y quienes todavía deben esperar algunos años para acceder a la pensión.
“La ley dice que quienes todavía no cumplen requisitos seguirán teniendo esos recursos administrados por las AFP. Pero en el caso de quienes ya cumplieron los requisitos, la interpretación que yo tengo es que esos recursos deberían pasar a Colpensiones para ayudar con el pago de esas pensiones”, explicó.
Para Orozco, históricamente ese traslado de recursos siempre ocurrió de manera automática bajo las reglas de la Ley 100 y la Ley 797, por lo que la actual discusión deja un escenario de incertidumbre jurídica y financiera alrededor de la reforma pensional y del manejo de los recursos de miles de afiliados.
Mientras se da el debate y en medio de las diferentes reacciones, el presidente Gustavo Petro dijo que van a demandar penalmente al magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, por prevaricato.








