La autoridad determinó que se impusieron barreras al ingreso de comerciantes, afectando la oferta y las condiciones del mercado en la principal central mayorista del país.
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sancionó a la Corporación de Abastos de Bogotá y a dos personas vinculadas a la misma, tras establecer que en 2022 adoptaron medidas que restringen la libre competencia en la comercialización de productos agroalimentarios dentro de la central mayorista.
De acuerdo con la investigación administrativa, la Corporación modificó su Reglamento Interno de Funcionamiento con el fin de impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características, lo que generó una barrera que limitó la participación de nuevos agentes en el mercado.
Esta restricción, según la SIC, tuvo la capacidad de reducir la presión competitiva al interior de la central, afectando variables clave como los precios, la calidad y la variedad de los productos disponibles para minoristas, tiendas de barrio y consumidores finales.
La entidad también argumentó que estas prácticas limitaron la posibilidad de que proveedores actuales y potenciales accedieran a una mayor diversidad de compradores, lo que impacta directamente la dinámica de comercialización dentro de este tipo de plataformas.
Mediante la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026, la Superintendencia impuso una multa superior a $260 millones a la sociedad, así como sanciones que superan los $71 millones a las personas naturales involucradas en los hechos.
Adicionalmente, la autoridad impartió órdenes administrativas orientadas a corregir las conductas identificadas. Entre ellas, se encuentra la obligación de ajustar su normativa interna para eliminar los elementos que restringen la competencia y garantizar condiciones de acceso equitativas para los participantes del mercado.
La decisión tiene especial relevancia por el papel que cumple Corabastos en el sistema de abastecimiento nacional. Su infraestructura y volumen de operación la convierten en un punto clave para la formación de precios de referencia, lo que impacta no solo a comerciantes mayoristas, sino también a tiendas de barrio y grandes superficies en distintas regiones del país.
En ese sentido, cualquier restricción en su funcionamiento puede tener efectos amplios en la cadena de suministro de alimentos, incidiendo en la disponibilidad y condiciones de comercialización de productos básicos.
