Los ministros Sanguino, Benedetti y Jaramillo radicaron ante la Secretaría del Senado una nueva convocatoria a consulta popular, que incluye 16 preguntas, cuatro más que la versión anterior.
La consulta popular es un mecanismo contemplado en la Constitución, que permite formular preguntas de carácter general sobre asuntos de trascendencia nacional, que son de interés del pueblo y sometidos a su consideración en el marco de la democracia participativa.
Este mecanismo de participación ha estado en el ojo del huracán político, debido a que muchos sectores de la oposición y del empresariado han alzado una voz de protesta frente a la misma.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, precisó: “que cada una de las 16 preguntas busca corregir desigualdades estructurales en el mercado laboral, la seguridad social, el acceso a la pensión y poder contar con los medicamentos esenciales. Esta reforma proviene de la lucha obrera, que recoge las luchas de los y las trabajadoras a través de los tiempos, y se nutre de las nuevas realidades del mundo laboral. Adicionalmente busca avanzar en la reforma estructural que exige el sistema de salud y garantizar la adecuada prestación y garantía de este derecho”.
Las nuevas preguntas que incluye el documento están relacionadas con la reforma a la salud; pero pocos minutos después de que se dio a conocer el texto, empezaron a circular en las redes de los diferentes sectores políticos una serie de críticas, en especial a las preguntas que hablan de la producción de medicamentos y sobre las facultades que se le darían a la ADRES, que buscan que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, cambiando así el modelo preventivo y de atención del sistema de salud.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, manifestó: “Las cuatro preguntas sobre salud en la consulta popular no requieren un nuevo mandato ciudadano, porque ya están reguladas por leyes o decretos vigentes o por expedirse dependientes de gestión del gobierno. El problema no es de ausencia normativa, sino de falta de implementación, voluntad política, gestión pública y seguimiento institucional; por tanto, la consulta es innecesaria, costosa y jurídicamente redundante”.
Mientras el Gobierno insiste en la consulta, la Comisión Cuarta del Senado inició con la primera audiencia pública de la revivida Reforma Laboral. En ella participaron más de 85 representantes sindicales, gremios, empleados de empresas de seguridad, aseo y del sector salud; la senadora Angélica Lozano, presidenta de la misma, manifiesta en sus redes: “No coman cuento: en la audiencia pública de la reforma laboral participaron sindicatos, centrales obreras, empresarios y gremios. Esta reforma se construye tendiendo puentes, no murallas; habrá sesión con el gobierno, trabajadores y empresarios”.
El debate será fuerte durante estos próximos días, y se espera que antes de mitad de junio se defina quién ganará esta pugna entre las ramas del poder público del país.
