La Resolución 52 de 2025 del MinAgricultura regula la inspección y control sobre gremios agropecuarios. Los congresistas Paloma Valencia y Christian Garcés la califican de inconstitucional, señalando que vulnera la libertad de asociación y agremiación.
El representante a la Cámara Cristhian Garcés Munir considera que la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, podría estar incurriendo en prevaricato al asumir funciones que, según él, corresponden al Congreso de la República.
Desde el sector agro, algunas voces han señalado que la resolución en cuestión podría implicar que quienes se opongan a la agenda del Gobierno sean removidos de sus cargos y que empresas puedan ser sancionadas con multas que afectarían su viabilidad financiera. También advierten que el trámite sancionatorio sería de instancia única, sin posibilidad de apelación.
El Ministerio de Agricultura respondió a estas afirmaciones mediante un comunicado de prensa en el que argumentó que:
“El Congreso de la República aprobó la Ley 2219 del 30 de junio de 2022, sancionada por el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, asignando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las funciones de inspección, vigilancia y control, y definió que se entendería por asociación campesina: ‘aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro constituida o que se constituya por campesinos’; y como asociación agropecuaria a una: ‘persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por pequeños o medianos productores…’. Esta ley también asignó la función de IVC a las Secretarías de Gobierno Municipales y/o Distritales.”
