En un concepto enviado por el ministerio público al CNE, se constata las presuntas irregularidades cometidas por el actual presidente de Ecopetrol, en su calidad de gerente de la campaña de Gustavo Petro.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 superó los topes de gasto determinados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la primera vuelta y desestimó reportes clave en la segunda.
La entidad explicó que la campaña superó el límite establecido en la primera vuelta de la jornada electoral por un total de $154.262.381, tras no contemplar la factura CI 8136 por $356.102.872. Teniendo en consideración esta cifra, los gastos fueron de $28.690 millones y el tope era de $28.536 millones.
De acuerdo con el informe del ente de control, el responsable directo por el ocultamiento de información contable es Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, sin embargo, también vincula a Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera de la campaña, y a María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores de la Coalición Pacto Histórico.
Sobre la segunda vuelta, la Procuraduría aclaró que no se superó el tope y confirmó que los gastos reales fueron de $13.299 millones.
En el documento, la Procuraduría constató omisiones graves, entre ellos, el no reportar el préstamo otorgado por el Partido Polo Democrático, que fue pagado, pero distorsionó la realidad económica de la campaña. También cuestionó la contratación de testigos electorales, que fueron concretados por la Colombia Humana y no se registraron en los informes financieros.
Además, cuestiona el aporte de la USO y Fecode, estos recursos no se incluyeron en la cuenta de campaña, pero se ejecutaron de forma directa sin informar a los responsables financieros, lo que impidió su reporte adecuado.
Asimismo, el Ministerio Público reveló que uno de los casos de mayor gravedad fue el evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, que costó realmente $250.000.000 y solo se reportaron $150.000.000 al CNE, el resto fue pagado por la empresa ServiRed SAS, sin que se tuviera en cuenta en los informes oficiales.
Por último, el organismo de control ratificó que hubo desconocimiento del régimen de topes, omisión de pagos y falta de transparencia, en consecuencia, recomendó una multa equivalente al 1% de los recursos entregados por el Estado para la primera vuelta, es decir $154.262.381, y la devolución de los dineros públicos.
