El concepto enviado a la Corte Constitucional avala la declaratoria expedida por el Gobierno tras la crisis invernal, aunque plantea reparos.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional mantener la validez de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional debido a las lluvias e inundaciones de comienzos de 2026, pero solicitó excluir medidas relacionadas con energía y acceso a la tierra.
El concepto fue remitido por el procurador general, Gregorio Eljach, dentro del proceso de revisión que adelanta la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el Gobierno tras la temporada invernal que afectó varios departamentos del país.
Según el documento, el Ministerio Público concluyó que las lluvias excepcionales y las inundaciones registradas entre enero y febrero de 2026 constituyeron una situación extraordinaria que justificó el uso de facultades excepcionales por parte del Ejecutivo.
La Procuraduría señaló que el Gobierno acreditó la gravedad de los hechos mediante pruebas relacionadas con afectaciones económicas, sociales y ecológicas en diferentes territorios impactados por la emergencia climática.
De acuerdo con el concepto, el Gobierno no logró demostrar de manera suficiente cómo las problemáticas históricas sobre tenencia de tierras guardaban una relación inmediata y directa con los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos durante la emergencia.
La Procuraduría también cuestionó que no se hubieran identificado de manera específica los predios ocupados ilegalmente que, según el Gobierno, habrían incidido en alteraciones de cauces y afectaciones derivadas de las inundaciones.
