Israel deportó a 171 activistas extranjeros, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg, que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.
Según el Ministerio del Interior israelí, la marina interceptó las embarcaciones en el mar Mediterráneo cuando intentaban romper el bloqueo marítimo sobre la Franja de Gaza. Los activistas, procedentes de Grecia, Italia, Francia, Irlanda y Suecia, fueron detenidos y posteriormente trasladados a Grecia y Eslovaquia tras ser deportados.
Thunberg afirmó que la misión tenía objetivos exclusivamente humanitarios, orientados a entregar suministros médicos y alimentos a la población gazatí. Sin embargo, el Gobierno israelí sostuvo que “no permitirá incursiones no autorizadas en sus aguas territoriales” y que actuó “de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos”.
Ante estos hechos, el presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a la deportación y reiteró la necesidad de respetar las acciones de asistencia humanitaria. En su mensaje en la red social X, señaló que “ninguna acción humanitaria debe ser tratada como una amenaza” y subrayó la urgencia de un alto al fuego en la región.
Asimismo, fuentes diplomáticas europeas informaron que solicitaron reportes oficiales sobre las condiciones de detención y los procedimientos aplicados a los activistas. En concordancia, la ONU recordó que las misiones de carácter humanitario “deben contar con protección y libre tránsito bajo supervisión internacional”.
Por último, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que el ingreso de suministros a Gaza continúa severamente limitado y que más del 80 % de la población permanece desplazada, con restricciones críticas en el acceso a alimentos, agua y atención médica.
