A la llegada masiva de comunidades indígenas a la Universidad Nacional se suma una controversia relacionada con más de $310 mil millones en contratos suscritos este año por el Gobierno con organizaciones como el CRIC y la ONIC.
Las manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional para este 1 de mayo han desatado una nueva polémica en el país. La presencia de miles de indígenas en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, en el marco de las jornadas de protesta, ha generado preocupación por la ocupación de instalaciones universitarias, pero también ha puesto bajo la lupa una serie de contratos firmados por el Ejecutivo con organizaciones indígenas.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que, en lo que va corrido de 2025, el Gobierno ha entregado más de $300 mil millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones que lidera la Minga que actualmente se concentra en la capital del país.
“La Minga indígena no viene gratis a Bogotá. Petro es incapaz de llenar la Plaza de Bolívar este 1 de mayo sin recurrir al traslado de organizaciones desde otras ciudades. Petro y Benedetti juegan con los recursos de los colombianos haciendo politiquería”, afirmó Briceño a través de sus redes sociales.
A esta cifra se suma un contrato adicional por más de $10 mil millones suscrito entre el Ministerio del Interior y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Dicho contrato fue firmado a través de la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) y tiene como objetivo el fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación, instancia oficial de diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas.
Aunque desde la Casa de Nariño no se ha emitido una respuesta directa sobre los señalamientos, voceros del Gobierno han manifestado que la intención de las marchas del 1 de mayo es mostrar un respaldo ciudadano masivo a la consulta popular que se propone convocar tras la caída de la reforma laboral en el Congreso. Esta iniciativa busca refrendar por vía directa los contenidos de la reforma.
Por ahora, la llegada de cerca de 20 mil indígenas a Bogotá y su permanencia en la Universidad Nacional continúan generando reacciones divididas. Mientras algunos sectores critican la movilización como una estrategia política financiada, otros la defienden como una expresión legítima de respaldo a las reformas sociales del actual Gobierno.
