Un nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional adopta medidas tributarias extraordinarias para fortalecer el recaudo fiscal y financiar gastos del Presupuesto nacional. Se busca obtener recursos económicos para atender la emergencia económica, social y ecológica declarada previamente por el ejecutivo.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0420 de 2026, mediante el cual adopta medidas tributarias extraordinarias para fortalecer el recaudo fiscal y financiar los gastos derivados de la emergencia económica, social y ecológica declarada por la crisis climática.
La norma contempla varios ajustes al sistema tributario con el objetivo de generar recursos adicionales para atender los efectos de la emergencia. Entre las principales disposiciones se encuentran la creación de un impuesto al consumo para apuestas en línea, la implementación de un impuesto temporal de normalización tributaria y la adopción de alivios fiscales para contribuyentes en mora.
Impuesto a las apuestas en línea
Uno de los cambios más relevantes es la creación de un impuesto nacional al consumo del 16 % para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. La medida aplicará durante el año 2026 y tendrá como hecho generador los depósitos o transferencias de dinero que los usuarios realicen a las plataformas de apuestas en línea.
La base gravable estará determinada por el ingreso bruto del juego. Según el Gobierno, este sector registra un crecimiento sostenido y cuenta con una alta capacidad contributiva, lo que permitiría generar ingresos fiscales sin afectar bienes o servicios de primera necesidad.
Alivios tributarios para contribuyentes en mora
El decreto también establece mecanismos temporales de alivio para contribuyentes con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias pendientes, con el fin de incentivar el pago de deudas y aumentar el recaudo inmediato.
Entre las medidas se incluye la reducción de sanciones e intereses moratorios para obligaciones en mora a 31 de diciembre de 2025. El beneficio aplicará para quienes paguen la totalidad del impuesto y el 15 % de la sanción correspondiente, con una tasa de interés moratoria reducida al 4,5 % anual.
Asimismo, se permitirá subsanar omisiones en declaraciones tributarias o corregirlas hasta el 30 de abril de 2026 mediante el pago de sanciones reducidas.
De manera adicional, el decreto autoriza a la DIAN a realizar conciliaciones en procesos contencioso-administrativos en materia tributaria, lo que busca reducir litigios y acelerar el ingreso de recursos al Estado.
Normalización tributaria para activos omitidos
En materia de normalización tributaria, se crea para el año gravable 2026 un impuesto complementario dirigido a contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en sus declaraciones fiscales.
La tarifa será del 19 % sobre el valor fiscal de dichos activos o pasivos, con el objetivo de ampliar la base tributaria, mejorar la transparencia fiscal y generar ingresos extraordinarios.
La declaración deberá presentarse en un formulario independiente y pagarse a más tardar el 31 de julio de 2026.
Ajustes al impuesto al patrimonio
El decreto también introduce cambios al impuesto al patrimonio creado en el marco de la emergencia económica. La norma amplía los sujetos pasivos para incluir establecimientos permanentes y sucursales de empresas extranjeras con presencia en Colombia.
En estos casos, el impuesto se causará cuando el patrimonio líquido sea igual o superior a 200.000 UVT. La obligación deberá declararse el 30 de abril de 2026, con un pago inicial del 50 % y el saldo restante el 1 de junio del mismo año.
El Gobierno sostiene que esta medida busca garantizar mayor equidad tributaria, evitando diferencias en el tratamiento fiscal entre empresas nacionales y extranjeras con presencia económica en el país.
Recursos para atender la emergencia climática
Según el Ejecutivo, los recursos obtenidos mediante estas medidas se destinarán exclusivamente a financiar los gastos del Presupuesto General de la Nación asociados a la emergencia climática.
Entre estos se incluyen acciones de atención humanitaria, recuperación de infraestructura y apoyo a las poblaciones afectadas por los efectos de la crisis climática declarada en el territorio nacional.
