Un informe de 34 páginas de la Superintendencia, basado en auditorías realizadas el 24 de septiembre, documenta irregularidades y expone a Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud, como presunto líder de la red. Urán habría autorizado pagos y contratos sin justificación y realizado compras de medicamentos a ciertos laboratorios. Según el informe, parte de los fondos fueron canalizados a una empresa matriz de las IPS favorecidas, que tiene sedes en paraísos fiscales.Ante la denuncia, Andrés Garzón, abogado de Urán, declaró que las acusaciones de la Superintendencia son “subjetivas” y desestimó las acusaciones de desvío de fondos. Según Garzón, su cliente no tiene la autoridad para direccionar giros, y sostuvo que las EPS operan mediante postulaciones para el manejo de recursos. Coosalud, por su parte, emitió un comunicado señalando que la entidad no es responsable de las acciones personales de Urán y calificándose como una víctima en el caso.El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X, exigiendo que los administradores y gerentes de EPS implicados en actos de corrupción enfrenten consecuencias legales. La situación ha generado una fuerte reacción pública y renovadas exigencias de transparencia en el sector de la salud en Colombia.
Por: Dana Correal
