El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante la Asamblea Nacional un polémico proyecto de reforma a la Ley General de Migración y Extranjería y al Código Penal, que permite negar el ingreso al país a ciudadanos, incluso nicaragüenses, considerados un “riesgo social” o que puedan “menoscabar la soberanía nacional”. El texto también plantea penas de dos a seis años de prisión para quienes ingresen o salgan del país de manera irregular con fines que el gobierno considere desestabilizadores.
La propuesta otorga a la Dirección General de Migración y Extranjería amplias facultades para decidir sobre la entrada y salida de personas, cancelar residencias y nacionalidades adquiridas, y denegar visas a extranjeros. Ortega argumentó que la reforma busca garantizar el control ordenado y seguro de las fronteras, respetando los derechos humanos, aunque organismos como el colectivo ‘Nicaragua Nunca Más’ denuncian posibles violaciones, destacando 111 casos de apatridia de facto documentados recientemente.
El proyecto también incluye sanciones por evasión de controles fronterizos, endureciendo la vigilancia en puntos no habilitados. Los sectores más afectados por las políticas restrictivas del gobierno han sido periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios y opositores políticos.
Esta reforma se suma a otra iniciativa aprobada en primera instancia la semana pasada, que modifica la Constitución para otorgar más poder a la Presidencia, incluyendo la figura de copresidentes designados sin elección popular. Las nuevas medidas han generado preocupación entre organizaciones internacionales por sus implicaciones en derechos fundamentales y libertades individuales.
Por: Alfredo Vidal
