La medida formaba parte de las tres resoluciones expedidas por el Gobierno de Gustavo Petro para proteger áreas relacionadas con Santurbán.
El Ministerio de Ambiente revocó una de las tres resoluciones expedidas por el Gobierno de Gustavo Petro para proteger fuentes hídricas asociadas a Santurbán. La medida afecta 1.499 hectáreas de la microcuenca de La Baja.
La decisión, contenida en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, deja sin efecto la declaratoria de la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo La Baja, ubicada en California, Santander, por fuera del páramo de Santurbán.
La resolución revocada formaba parte de tres medidas ambientales adoptadas durante los últimos días del Gobierno Petro para proteger zonas relacionadas con este ecosistema. Aunque esas decisiones han sido presentadas como tres delimitaciones, la correspondiente a La Baja creó una reserva de recursos naturales y no modificó directamente los límites del páramo.
Con la revocatoria quedan sin vigencia los efectos de la declaratoria sobre las 1.499 hectáreas y deberá realizarse una nueva consulta pública. El Ministerio también anunció una evaluación técnica y jurídica integral para determinar las medidas que se adoptarán sobre el área.
Según el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, la decisión busca corregir las irregularidades identificadas durante el trámite y cumplir las órdenes del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. El despacho judicial ordenó reiniciar el procedimiento y dejar sin efectos la consulta anterior, ante la posible vulneración de tres derechos fundamentales de los habitantes de California.
La cartera ambiental indicó que la resolución anterior fue expedida mientras estaba en curso una acción de tutela por la presunta vulneración de derechos y se encontraba pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez.
El Ministerio aclaró que la revocatoria “no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales” de la iniciativa. Según la entidad, la medida busca que el proceso cumpla los requisitos legales de transparencia y participación ciudadana.
La decisión fue criticada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de comenzar a desmontar las medidas de protección adoptadas sobre la zona. La organización relacionó la revocatoria con el proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining.
La delimitación general de Santurbán continúa siendo un proceso diferente. La Corte Constitucional ordenó rehacerla mediante la Sentencia T-361 de 2017, después de determinar que la expedida en 2014 vulneró el derecho de las comunidades a participar.
El nuevo procedimiento debe incluir 40 municipios: 27 de Norte de Santander y 13 de Santander. El área de referencia elaborada por el Instituto Humboldt pasó de 135.253 hectáreas en 2014 a 138.699 en 2019. Santurbán abastece de agua a más de 2,5 millones de habitantes de los dos departamentos.
