El Tribunal Supremo de Portugal aprobó en primera instancia la extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado por contrabando y soborno. Su defensa apeló, y ahora la Corte Suprema de Lisboa decidirá en segunda instancia.
El presunto contrabandista, cuya carrera delictiva se remonta a los años ochenta, ha sido señalado por facilitar el ingreso ilegal de mercancías a Colombia. Según las investigaciones, “Papá Pitufo” habría beneficiado a empresas como “Proyecta” mediante acuerdos ilícitos que le permitieron recibir coimas. Este entramado delictivo, que se enmarca en el caso “Marionetas 2.0”, habría contribuido a controlar hasta el 80% del contrabando en el país.
La fiscalía expuso que, a pesar de no hallarse evidencia física de grandes sumas entregadas, la aceptación de dichas “coimas” configura el delito de cohecho. Asimismo, se destacó la participación de altos funcionarios en el proceso, lo que agrava la responsabilidad penal del acusado. Las pruebas documentales recabadas permiten sostener que la maniobra se ejecutó para favorecer intereses políticos y económicos.
Tras su arresto en España en abril de 2024, Marín fue liberado bajo condiciones estrictas y luego recapturado en Portugal en diciembre del mismo año. La extradición fue solicitada por Colombia para que enfrente cargos por corrupción y contrabando. La decisión inicial fue muy controvertida, y la defensa sostiene que existen irregularidades en la recolección y análisis de la evidencia que justifican la revisión del caso.
Expertos en derecho internacional han señalado que la resolución final en este proceso podría sentar un importante precedente en materia de extradiciones transnacionales. “Este recurso revisado por la Corte Suprema de Lisboa es crucial para determinar la aplicación de la justicia en casos complejos de corrupción”, comentó un reconocido analista jurídico. Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan presionando para el traslado del acusado, en el marco de una lucha más amplia contra el crimen organizado.
La controversia generada por este caso ha encendido el debate sobre la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y el contrabando. Las autoridades y la opinión pública esperan una resolución que refuerce los mecanismos legales contra redes ilícitas. La decisión final, que se espera en las próximas semanas, definirá el destino de “Papá Pitufo” y tendrá implicaciones significativas en futuros procesos de extradición.
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