La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes 17 de noviembre crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 exintegrantes de la fuerza pública por violencia sexual y de género contra civiles durante el conflicto armado colombiano.
La decisión comprende a 16 antiguos miembros del Ejército y dos de la Policía, señalados de cometer directamente las agresiones o de participar en operaciones conjuntas con organizaciones paramilitares.
La investigación identificó 565 casos ocurridos entre 1978 y 2016, con 755 víctimas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas.
Según la JEP, los hechos incluyen violaciones, esclavitud sexual, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos y persecución por motivos de género.
La jurisdicción estableció dos patrones criminales. En algunos casos, los agentes estatales cometieron directamente las agresiones. En otros, facilitaron o permitieron su ejecución durante operaciones con grupos paramilitares.
Al menos 35 casos fueron atribuidos directamente a paramilitares que actuaron durante masacres con presunta tolerancia o colaboración de integrantes de la fuerza pública.
Para sustentar la decisión, la JEP examinó 217 informes de organizaciones y entidades estatales, recibió 74 versiones voluntarias y escuchó testimonios de las víctimas.
Los hechos investigados ocurrieron en diferentes regiones del país, entre ellas Arauca, Putumayo, Boyacá y Norte de Santander.
Los 18 exuniformados deberán responder a la imputación y manifestar si reconocen responsabilidad. La decisión constituye una etapa del procedimiento judicial y no equivale a una sentencia condenatoria.








