El Gobierno de Venezuela expresó su “profunda indignación” ante la decisión de Estados Unidos de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que consideran una criminalización injusta contra los migrantes venezolanos en territorio estadounidense.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional.
Bajo esta medida, cerca de 250 venezolanos han sido enviados a El Salvador, generando reacciones tanto en Washington como en Caracas. La Administración de Nicolás Maduro rechazó de manera contundente esta acción, calificándola de “anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal”.
Según el comunicado emitido por el gobierno venezolano, esta medida “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad” y representa una “persecución infame” contra los migrantes, quienes han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida. Caracas también denunció que, según la normativa, incluso menores de 14 años podrían ser considerados como “enemigos extranjeros”, lo que, a su juicio, constituye una amenaza de secuestro. Mientras tanto, la aplicación de la ley fue impugnada en los tribunales estadounidenses.
Un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de los venezolanos bajo custodia, argumentando que la medida carece de fundamentos legales claros. A pesar de esta decisión, El Salvador ya ha recibido a varios deportados y su presidente, Nayib Bukele, reaccionó con ironía en redes sociales.
El oficialismo venezolano ha convocado a la comunidad internacional para denunciar lo que consideran un acto de agresión contra sus ciudadanos.
Según el comunicado, Venezuela recurrirá a todas las instancias diplomáticas, jurídicas y políticas disponibles para defender los derechos de sus migrantes y exigir la revocación de esta medida.
