La participación de un adolescente en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha reabierto el debate sobre la instrumentalización de menores por parte de redes criminales. En respuesta, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha asumido la custodia del menor y activó su ruta de protección.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que el joven de 15 años señalado de haber disparado contra el congresista está recibiendo atención y acompañamiento integral bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), garantizando un enfoque centrado en la protección de sus derechos como menor de edad.
“Está siendo protegido, atendido y cuidado. Fue instrumentalizado por estructuras criminales y su caso será abordado bajo los principios del SRPA, que reconocen su condición como niño y víctima de manipulación”, afirmó Cáceres tras el consejo de seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro.
La funcionaria enfatizó que el Estado tiene el deber constitucional de proteger a niños y adolescentes, incluso cuando se vean involucrados en hechos graves. “Un menor que empuña un arma no lo hace por voluntad propia, sino como resultado de la acción de organizaciones que buscan perpetuar la violencia”, sostuvo.
Las declaraciones han generado reacciones divididas en la opinión pública. Mientras algunos sectores reclaman sanciones más severas para menores vinculados a delitos de alto impacto, otros respaldan el enfoque restaurativo y humanitario que promueve el ICBF.
El adolescente permanece bajo custodia en una unidad médica y será presentado ante un juez de infancia y adolescencia en las próximas horas, conforme a los protocolos legales y de protección establecidos.
