El alcalde de Bogotá advierte sobre el impacto del proyecto en la movilidad y el desarrollo de la ciudad.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno Nacional sobre la resolución “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”, publicada por el Ministerio de Ambiente. Según Galán, la normativa impuesta desde la Nación afectaría gravemente el desarrollo de la capital y sus proyectos de infraestructura, por lo que exigió su retiro inmediato. De lo contrario, anunció que tomará acciones legales administrativas y penales para defender la autonomía territorial de Bogotá.
El mandatario local denunció que el Gobierno no ha abierto un proceso de consulta real con el Distrito y que esta resolución podría representar un fraude a una decisión judicial previa. “Esto no es ninguna consulta, sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal e inconstitucional”, afirmó Galán, criticando la falta de diálogo con la Alcaldía. Además, señaló que la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, nunca atendió las solicitudes de conversación y que dejó en marcha una medida que pondría en riesgo el desarrollo urbano de la ciudad.
El impacto de la resolución es significativo, pues afecta proyectos clave como la ampliación de la vía Suba-Cota, la Autopista Norte, la Carrera Séptima, la Avenida Boyacá, el Ferrocarril de la Sabana, el cable aéreo de La Calera, los Regiotram del Norte y del Occidente, línea 1 y 2 del metro, patío El Gaco y el plan hídrico Chingaza II. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) advirtió que el avance del 92 % en estudios para algunas de estas obras podría quedar en el limbo si la medida sigue adelante.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente sostiene que el objetivo de la resolución es regular el crecimiento urbano desordenado, proteger ecosistemas estratégicos y garantizar un desarrollo sostenible en la Sabana de Bogotá. Afirma que se trata de un proceso con más de un año de trabajo técnico y social, y que ha sido abierto a consulta pública. Sin embargo, Galán insiste en que la Alcaldía y las autoridades locales no han sido informadas de manera transparente y reitera que el Gobierno Nacional está violando la ley al imponer lineamientos sin el debido proceso.
