La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, así como el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez a una investigación por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, dentro de un proceso que también examina la presunta conformación de grupos paramilitares en Antioquia.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación busca establecer posibles responsabilidades relacionadas con la actuación y conformación de estructuras paramilitares en el municipio de San Roque y en distintas zonas del norte de Antioquia durante el periodo en que Uribe se desempeñó como gobernador del departamento.
La decisión incluye la vinculación del exmandatario por los hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango. Estos episodios, registrados entre 1996 y 1997, dejaron múltiples víctimas, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y afectaciones a la población civil, según las investigaciones judiciales.
La Fiscalía también informó que el proceso aborda la presunta responsabilidad de Uribe en el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998. Valle había denunciado públicamente la presencia de grupos paramilitares y posibles omisiones estatales frente a la violencia que afectaba a varias comunidades de Antioquia.
Otro de los ejes de la investigación corresponde a la supuesta conformación del denominado Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia en predios de la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe durante varios años. Las autoridades buscan determinar si existieron vínculos o responsabilidades en la creación y operación de esa estructura armada ilegal.
Tras conocerse la decisión, el expresidente manifestó a través de sus redes sociales que afrontará el proceso judicial y calificó la medida como un “suplicio” a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Sus abogados fueron notificados de la apertura formal de la investigación, aunque la Fiscalía aún no ha definido la fecha para la diligencia de indagatoria.
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 y dejó cinco personas asesinadas. Un año después, el 22 de octubre de 1997, paramilitares del Bloque Mineros perpetraron la masacre de El Aro, uno de los hechos más graves del conflicto armado en Antioquia. Ambos casos han sido objeto de investigaciones nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos.
La apertura de esta nueva actuación judicial se produce en medio de un escenario político marcado por la recta final de las elecciones presidenciales y reabre uno de los capítulos más sensibles del debate sobre la violencia paramilitar en Colombia.
