La decisión judicial se relaciona con una investigación sobre supuestas actuaciones irregulares en favor de un contratista privado durante la negociación de un inmueble de alto valor en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, al considerar que existen elementos probatorios para llevarlo a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con la investigación, los hechos estarían relacionados con la compra de un penthouse ubicado en el sector de El Chicó, en Bogotá. La Fiscalía sostiene que, después de esa negociación inmobiliaria, se habrían realizado actuaciones encaminadas a favorecer al empresario Juan Guillermo Mancera mediante oportunidades de negocio vinculadas a empresas del grupo Ecopetrol.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso aseguró que Ricardo Roa habría utilizado su posición como presidente de la compañía para influir en decisiones empresariales relacionadas con la adjudicación del proyecto de gasificación Chuchupa–Ballena a la empresa Gaxi S.A. ESP, propiedad de Mancera. Según el ente acusador, estas actuaciones se habrían desarrollado entre agosto de 2024 y enero de 2025.
La Fiscalía también señaló que existen registros de reuniones sostenidas entre Roa y directivos de Hocol, filial de Ecopetrol, en las que presuntamente se impartieron instrucciones para favorecer al contratista. Entre las pruebas mencionadas figuran encuentros realizados en Bogotá, así como comunicaciones y documentos recopilados durante la investigación.
El caso adquiere relevancia por tratarse del principal directivo de la empresa más importante del país. Ecopetrol representa cerca del 60 % de la producción nacional de hidrocarburos y es una de las compañías con mayor participación en los ingresos fiscales de Colombia.
Según reportes oficiales, la petrolera registró ingresos superiores a los 130 billones de pesos durante 2025 y mantiene operaciones estratégicas para el abastecimiento energético nacional.
Por ahora, la acusación no implica una condena. Será en la etapa de juicio donde la Fiscalía deberá demostrar las conductas atribuidas al funcionario y la defensa tendrá la oportunidad de controvertir las pruebas presentadas. La decisión final quedará en manos de un juez de conocimiento.
