La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas del 3 de noviembre cambiará el equilibrio de poder en Estados Unidos y permitirá al Congreso ejercer un mayor control sobre la política del presidente Donald Trump hacia América Latina.
Los demócratas asumirán las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado el 3 de enero de 2027. Desde entonces podrán convocar audiencias, exigir documentos y examinar decisiones del Gobierno relacionadas con operaciones militares, inmigración y acuerdos económicos.
Según un análisis publicado este miércoles 11 de noviembre por Associated Press, Venezuela será uno de los asuntos que podrían recibir mayor atención legislativa.
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, Washington y Caracas establecieron nuevos acuerdos petroleros. Legisladores demócratas han planteado dudas sobre sus beneficiarios, la administración de los ingresos y las garantías de transparencia.
Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, considera que el nuevo Congreso podría presionar para que se convoquen elecciones en Venezuela.
Otro asunto será la actuación de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico.
Los ataques han causado cientos de muertes y podrían dar lugar a investigaciones sobre su legalidad, las pruebas utilizadas para identificar a los objetivos y las decisiones que autorizaron el uso de fuerza militar.
La política migratoria también estará bajo vigilancia. Los demócratas podrían examinar las condiciones de detención, los procedimientos de deportación y los acuerdos para trasladar migrantes a terceros países.
Aunque Trump reconoció recientemente que algunas medidas migratorias habían sido demasiado severas, su administración ha anunciado que continuará con las expulsiones.
En materia comercial, el Congreso podrá revisar los efectos de los aranceles y participar en decisiones relacionadas con el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
El cambio de mayorías no significa que Trump perderá el control de la política exterior. El presidente conservará sus atribuciones constitucionales y la facultad de vetar leyes.
Sin embargo, durante los dos años restantes de su mandato deberá enfrentar un Congreso con mayores posibilidades de investigar sus decisiones, cuestionar el gasto público y exigir explicaciones sobre las actuaciones de Estados Unidos en América Latina.
