El Gobierno activó un mecanismo excepcional para ejecutar acciones preventivas y movilizar recursos antes de que se materialicen los efectos del fenómeno climático.
El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo autorizó la declaratoria de desastre nacional con el propósito de facilitar decisiones administrativas, presupuestales y operativas dirigidas a reducir el impacto de un fenómeno de El Niño que los organismos técnicos proyectan como de alta intensidad.
Más que responder a una emergencia ya ocurrida, la decisión del Gobierno busca anticiparse a un escenario climático que, según los pronósticos del IDEAM y de centros internacionales de monitoreo, podría generar sequías prolongadas, aumento de temperaturas, desabastecimiento de agua, incendios de cobertura vegetal y presiones sobre el sistema energético nacional.
La declaratoria de desastre nacional le permite al Ejecutivo activar instrumentos contemplados en la Ley 1523 de 2012 para acelerar la atención del riesgo. Entre ellos se encuentran la reasignación de recursos públicos, la ejecución de proyectos prioritarios y la adopción de medidas excepcionales orientadas a disminuir la vulnerabilidad de las regiones con mayor exposición.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la medida busca actuar antes de que los efectos del fenómeno alcancen su mayor intensidad. El mandatario señaló que la prevención permitirá reducir el impacto sobre las comunidades, la infraestructura y los ecosistemas.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, explicó que la legislación colombiana contempla la posibilidad de declarar una situación de desastre cuando existe evidencia técnica sobre una amenaza inminente, sin necesidad de esperar a que los daños ya se hayan producido.
Como parte de las decisiones adoptadas, el Gobierno anunció la destinación de $4 billones para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente al fenómeno climático. Los recursos estarán dirigidos a proyectos relacionados con abastecimiento de agua, gestión del riesgo y soluciones energéticas que contribuyan a disminuir los efectos de la temporada seca.
La declaratoria también implica que ministerios, gobernaciones, alcaldías y entidades que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo deberán coordinar planes preventivos, priorizar inversiones y ejecutar acciones orientadas a reducir las afectaciones que puedan presentarse durante los próximos meses.
