Con mesas técnicas, visitas en territorio y traslados de personas privadas de la libertad, proyectan reducir el número de personas en los Centros de Detención Transitoria del territorio cundinamarqués.
Las autoridades de Cundinamarca definieron un paquete de acciones operativas orientadas a reducir el hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT) y estaciones de policía, con medidas que se ejecutarán en el corto plazo y que buscan descongestionar estos espacios.
Entre las decisiones adoptadas se encuentra la instalación de mesas técnicas permanentes entre entidades del orden nacional, departamental y municipal. Estos espacios tendrán la función de coordinar cupos disponibles en centros penitenciarios, priorizar traslados y hacer seguimiento a los casos de mayor congestión.
Otra de las acciones clave es la realización de visitas en territorio a los centros de detención. Estas jornadas permitirán verificar condiciones reales de reclusión, identificar cuellos de botella en los procesos judiciales y administrativos, y tomar decisiones inmediatas sobre reubicación de personas privadas de la libertad.
El traslado de detenidos hacia establecimientos carcelarios formales también hace parte del plan. Según lo acordado, serán priorizadas personas que ya cuentan con situación jurídica definida, con el fin de liberar espacio en los CDT, que están diseñados para permanencias cortas.
El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, general (r) Luis Fernando Navarro Jiménez, explicó que estas medidas buscan resultados concretos en el corto plazo. “Estamos trabajando entre entidades del orden territorial y nacional, definiendo acciones como mesas técnicas, visitas en territorio y traslados de personas privadas de la libertad que permitan mitigar esta problemática”, señaló.
Las entidades también acordaron implementar un sistema de monitoreo constante sobre la ocupación de los centros de detención, con reportes periódicos que permitan ajustar las decisiones y responder de manera oportuna a nuevos picos de hacinamiento.
Estas acciones se enmarcan en lo establecido por la Sentencia SU-122 de 2022, que advierte sobre la permanencia prolongada de personas en espacios no adecuados para reclusión. El objetivo es reducir la presión sobre los CDT y garantizar condiciones más dignas para los detenidos.
El plan se desarrolla en un contexto nacional marcado por altos niveles de hacinamiento. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario en Colombia registra niveles entre el 27 % y el 29 %, mientras la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre problemas estructurales como sobreocupación, deterioro de infraestructura y limitaciones en servicios básicos.
