La actuación judicial surge tras la decisión de la representante que buscó apartar temporalmente al presidente de la República de sus funciones durante la campaña electoral.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa contra la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta para establecer si incurrió en posibles irregularidades al expedir una medida cautelar relacionada con el presidente Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción luego de recibir una denuncia por presunto prevaricato por acción presentada tras la expedición del auto mediante el cual Arizabaleta solicitó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. El caso fue asignado al magistrado Misael Rodríguez, quien asumirá la dirección de las diligencias preliminares.
Dentro de las primeras actuaciones, el alto tribunal ordenó la recolección de pruebas documentales y una inspección al Congreso de la República para verificar el alcance de la actuación adelantada por la congresista. Asimismo, la Corte dispuso recibir declaración juramentada del presidente Gustavo Petro para ampliar las afirmaciones que ha realizado públicamente sobre presuntas situaciones de “extorsión” relacionadas con este proceso.
La controversia jurídica se originó luego de que Gloria Arizabaleta, en su condición de presidenta e investigadora de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, emitiera una decisión que pretendía apartar temporalmente al jefe de Estado de sus funciones hasta la celebración de la segunda vuelta presidencial.
La medida generó cuestionamientos de diversos sectores políticos y constitucionalistas, quienes pusieron en duda la competencia de una representante investigadora para adoptar una determinación de ese alcance.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional de Arizabaleta mientras avanza la revisión disciplinaria de los mismos hechos. Según informó el Ministerio Público, la medida se extenderá hasta el 20 de julio de 2026.
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de las competencias de la Comisión de Investigación y Acusación y los procedimientos constitucionales previstos para investigar al presidente de la República.
