La decisión del alto tribunal reabrió el debate sobre el alcance de las facultades del Gobierno en la implementación de la reforma pensional.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, norma expedida por el Gobierno Nacional que ordenaba el traslado de cerca de $5 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, recursos pertenecientes a afiliados que se cambiaron del régimen privado al público y ya cumplieron los requisitos para pensionarse.
La decisión fue adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del alto tribunal, que actualmente estudia varias demandas presentadas contra el decreto firmado por los ministerios de Trabajo y Hacienda. Con esta medida queda suspendida en su totalidad la aplicación de la norma mientras continúa el análisis judicial sobre su legalidad.
El pasado 28 de abril, el Consejo de Estado ya había frenado parcialmente el decreto en lo relacionado con el traslado de más de $27 billones correspondientes a personas que aún no se habían pensionado. Ahora, la nueva decisión amplía la suspensión a todos los efectos de la medida adoptada por el Gobierno nacional.
El tribunal consideró que el Ejecutivo habría ido más allá de sus facultades al modificar mediante decreto el destino de los recursos pensionales definidos en la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional.
La corporación también advirtió que los tiempos establecidos para trasladar los recursos eran demasiado cortos y podrían generar efectos difíciles de revertir mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad contra el decreto.
Según el Consejo de Estado, el mismo Gobierno había establecido previamente, a través del Decreto 1225 de 2024, que los recursos administrados por las AFP debían permanecer en las cuentas individuales hasta que los afiliados consolidaran su derecho pensional o entrara en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
La decisión judicial se conoce en medio del debate nacional alrededor de la implementación de la reforma pensional y del traslado de afiliados desde los fondos privados hacia Colpensiones.
Tras conocerse la suspensión, el presidente Gustavo Petro criticó la decisión del alto tribunal y aseguró que “el Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión”. El mandatario defendió el traslado de los recursos al sistema público y señaló que la medida afecta a trabajadores que habían decidido mover sus ahorros hacia Colpensiones.
Mientras continúa el estudio de fondo del caso, la suspensión provisional mantiene congelado el traslado de los recursos contemplados en el Decreto 415 de 2026.
