La ley pondría en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural, una iniciativa que busca agilizar la resolución de conflictos relacionados con la propiedad, el acceso y el uso de la tierra.
A pocas semanas de finalizar el actual periodo legislativo, el Gobierno Nacional busca sacar adelante el proyecto que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural, una figura creada mediante reforma constitucional y que aún requiere la aprobación de normas que definan su operación.
En entrevista con El Dorado Radio, el representante a la Cámara, Álvaro Rueda, explicó que la iniciativa surge como respuesta a las dificultades que enfrenta actualmente la justicia para atender los conflictos relacionados con la tierra. Según indicó, estos procesos son tramitados hoy por la jurisdicción civil ordinaria, donde comparten espacio con miles de casos comerciales y civiles.
“Tenemos una oportunidad muy importante para materializar una justicia social y territorial que responda a las necesidades del campo colombiano”, afirmó el congresista al referirse a la importancia de contar con una jurisdicción especializada para atender las problemáticas rurales.
Rueda señaló que asuntos como la posesión de la tierra, la clarificación de predios o la recuperación de baldíos suelen tardar años en resolverse debido a la congestión judicial. “Eso ha generado una saturación del sistema judicial y hace que muchos conflictos agrarios permanezcan sin una respuesta oportuna”, explicó.
De acuerdo con el representante, la nueva jurisdicción permitiría que jueces con formación específica en temas rurales conozcan estos casos, lo que facilita decisiones más rápidas y ajustadas a las realidades del campo. “Lo que buscamos es una administración de justicia más justa, integral y pacífica para quienes viven y trabajan en el campo”, sostuvo.
Frente a las preocupaciones de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la propiedad privada, Rueda aseguró que el proyecto mantiene las garantías constitucionales existentes. “Si una persona considera vulnerados sus derechos podrá acudir ante los jueces. En casos como la expropiación, la decisión siempre deberá pasar por un juez de la República”, indicó.
El proyecto aún debe superar su trámite en plenaria y posteriormente ser conciliado entre Cámara y Senado. Según el congresista, existe respaldo mayoritario a la iniciativa y las diferencias se concentran en algunos artículos específicos. De ser aprobada, la Jurisdicción Agraria y Rural podría comenzar a operar en 2027 como una herramienta para atender de manera especializada los conflictos de tierras en Colombia.
