La plenaria de la Cámara de Representantes adelantará el primer debate de control político del año, centrado en la crítica situación de orden público que atraviesa actualmente el país.
La crisis de orden público en el suroccidente, el Catatumbo, Arauca, Chocó y otras zonas del país ha alcanzado niveles insostenibles. Adicionalmente, el fortalecimiento de grupos armados ilegales, el rompimiento de los diálogos con el ELN y el aumento y expansión de los cultivos ilícitos han puesto de nuevo a Colombia en el ranking de los países más peligrosos del mundo.
Por esta razón, los partidos de oposición han citado al Alto Comisionado para la Paz, José Otty Patiño; al nuevo Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; a la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; al Director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana; al Comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Mejía; y a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.
Adicionalmente, fueron invitados la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco; y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, todos para que expliquen la realidad de la seguridad en el país, cuáles son las medidas para retomar el control de la misma, y cuál es el plan de choque para evitar que se sigan violando los derechos humanos en Colombia, especialmente en la región del Catatumbo.
Este debate ya se venía anunciando por la oposición, ya que, según ellos, el Gobierno ha cedido el control territorial a criminales y no hay una política de seguridad para proteger a los colombianos.
Uno de los puntos más sensibles del debate serán las explicaciones que debe dar el Gobierno Nacional a la citación del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del Partido Verde, quien actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos y coordina la comisión accidental para el seguimiento al estado de Conmoción Interior, la cual ha hecho un reclamo fuerte sobre el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento que hoy tiene a más de 20 mil niños en esta condición, especialmente en el Catatumbo.
