La Corte Suprema de Argentina ratificó la sentencia por corrupción contra la expresidenta, quien deberá cumplir una pena de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó por unanimidad la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras hallarla culpable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.
La sentencia incluye no solo la condena de prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Se espera que la exmandataria se entregue a las autoridades en las próximas horas, aunque su defensa aún evalúa recursos ante tribunales internacionales.
La condena está relacionada con el caso Vialidad, uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la última década en Argentina. Según la investigación, entre 2003 y 2015 —periodo que abarca los gobiernos de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández—, se direccionaron contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, amigo personal del matrimonio presidencial.
La justicia documentó 51 contratos adjudicados con sobrecostos, incumplimientos técnicos y pagos anticipados por obras no concluidas, causando un daño fiscal superior a los 1.000 millones de dólares.
El fallo de la Corte Suprema sostuvo que las instancias inferiores actuaron con base en pruebas contundentes y rechazó la queja presentada por la defensa. “Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, indicó el alto tribunal en su decisión. La fiscalía había solicitado una condena de 12 años de prisión, al considerar que Fernández de Kirchner lideró un “plan sistemático de corrupción”.
Como consecuencia del fallo, Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra la exmandataria, incluyéndola en una lista de funcionarios vinculados a graves actos de corrupción y restringiendo su ingreso al país. Esta resolución marca un hito político y judicial para Argentina, al ser la primera vez que una expresidenta en ejercicio democrático es condenada de forma definitiva por corrupción durante su mandato.
