El anuncio de Gustavo Petro sobre el Día Cívico el 18 de marzo, para impulsar la participación en su consulta popular, ha sido rechazado por varios mandatarios. Alcaldes y gobernadores aseguran que las actividades laborales y educativas se mantendrán con normalidad.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien enfatizó que en su ciudad las instituciones públicas, educativas y de salud operarán sin interrupciones. “No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra entidad”, afirmó. Además, destacó que la mejor política social es la generación de empleo y que la ciudad debe seguir funcionando para garantizar oportunidades económicas.
En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la medida asegurando que en su departamento el trabajo es el motor del desarrollo. A través de su cuenta en X, cuestionó la iniciativa diciendo: “Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia”.
Otros mandatarios locales han adoptado posturas similares. En Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán confirmó que las actividades continuarán con normalidad, aunque se garantizará el derecho a la protesta pacífica. Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que la ciudad no acogerá el Día Cívico, pero ofrecerá garantías para quienes deseen manifestarse.
Desde Cali, el alcalde Alejandro Eder ratificó que los servicios públicos y administrativos no se verán afectados, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió que suspender las actividades oficiales implicaría un gasto innecesario de más de 200 millones de pesos en costos fijos.
Villavicencio también se suma a la lista de ciudades que no respaldan la medida. Su alcalde, Alexander Banquero, insistió en que la educación y los servicios públicos no pueden verse interrumpidos por decisiones de carácter político.
Pese a las críticas, el presidente Petro defiende su propuesta, argumentando que el Día Cívico permitirá a los ciudadanos expresar su apoyo a las reformas gubernamentales. Sin embargo, el rechazo de múltiples autoridades locales refleja la polarización en torno a la iniciativa y evidencia la dificultad de su implementación a nivel nacional.
