El Consejo de Estado evaluará la legalidad de los cargos creados para revisar la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe, imputado por soborno en actuación penal y fraude procesal.
La legalidad de los cargos transitorios creados para revisar la apelación de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido puesta en duda por una demanda que podría frenar momentáneamente el proceso. La medida, tomada por el Consejo Superior de la Judicatura el pasado 6 de agosto, buscaba descongestionar la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y agilizar la decisión en segunda instancia antes de que el caso prescribiera.
Pero el escenario cambió con la renuncia de Uribe a la prescripción, anunciada el 25 de agosto. El exmandatario enfrenta cargos por soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, y busca revertir el fallo emitido por la jueza Sandra Heredia, quien lo condenó el 28 de julio a 12 años de prisión domiciliaria. En su sentencia, la togada señaló a Uribe como el “determinador” de una red de manipulación de testigos que habría operado para desviar investigaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares.
La demanda contra la creación de estos cargos fue presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz, quien sostuvo que la Judicatura se extralimitó en sus funciones al ordenar ese cambio sin un respaldo legal claro. Como parte del recurso, también solicitó una medida cautelar para suspender los efectos del acto administrativo mientras se toma una decisión definitiva.
Desde la Judicatura, la defensa de la medida se sustentó en la complejidad del caso, el alto volumen del expediente y la presión de los plazos legales. Según ese organismo, era indispensable designar magistrados adjuntos en los despachos responsables de estudiar la apelación. Además, confirmaron que los recursos presupuestales para implementar estos cargos estaban garantizados desde mayo pasado.
Ayer viernes 5 de septiembre, con la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado, la revisión del fallo queda suspendida de forma temporal. La alta corte deberá decidir si la Judicatura actuó dentro de sus competencias o si, por el contrario, incurrió en una extralimitación. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Bogotá sigue a la espera de pronunciarse en uno de los procesos más relevantes de la historia judicial reciente.
Aunque aún no hay fecha confirmada, se prevé que la decisión en segunda instancia se conozca antes del 16 de octubre, cuando prescribiría la acción penal contra el expresidente.
