La orden se genera luego de constatar graves afectaciones a los recursos suelo, agua, aire y flora, derivadas del manejo inadecuado de la actividad minera. La decisión también obedece a la ocupación irregular del cauce y la ronda de protección hidráulica de una quebrada, situación que pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas locales.
La medida preventiva fue adoptada luego de una visita técnica en la que la autoridad ambiental constató el manejo inadecuado de la actividad minera, la ausencia de licencias ambientales y la generación de impactos críticos sobre los ecosistemas locales, con posibles riesgos para la salud y la tranquilidad de las comunidades vecinas.
De acuerdo con la CAR, el predio —presuntamente operado por dos empresas carboneras— no contaba con permisos de emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal ni manejo de recursos naturales. Entre las principales infracciones se identificó la acumulación de carbón directamente sobre el suelo en siete terrazas, lo que provocó la pérdida de la capa orgánica por sepultamiento y alteraciones severas en la topografía del terreno.
Como agravante, el patio de acopio se localizó sobre el cauce y la ronda de protección hidráulica de una quebrada innominada. Esta intervención eliminó dos lagunas previamente registradas en el aplicativo geoambiental de la Corporación y, ante la ausencia de sistemas adecuados de manejo de aguas de escorrentía, se genera el arrastre de sedimentos, finos y lodos de carbón hacia las fuentes hídricas.
La autoridad ambiental también advirtió que la molienda diaria de entre 60 y 80 toneladas de carbón para la producción de coque produce altas concentraciones de material particulado. Las barreras instaladas, que no superan los 2,2 metros de altura, fueron calificadas como insuficientes, permitiendo que el polvo se disperse por acción del viento hacia viviendas y potreros cercanos.
Durante la inspección se evidenció, además, la remoción y tala de bosque nativo para la adecuación de las terrazas, con residuos arrojados ladera abajo que sepultaron la vegetación existente. A esto se suma la presencia de tanques de combustible ubicados directamente sobre el suelo y la disposición inadecuada de chatarra y residuos sólidos en el área intervenida.
“Estimamos que, debido a la magnitud del daño en la capa vegetal y la alteración de los ecosistemas locales, el tiempo de recuperación de los recursos afectados sería de aproximadamente 10 años si no se realiza ninguna intervención. No obstante, con un plan estricto de reconformación, gestión ambiental y reforestación, este periodo podría reducirse a cinco años”, explicó el director regional de la CAR Ubaté, Julio César Sierra León.
