La Gobernación adelantó una jornada de acompañamiento con orientación a las familias campesinas sobre casos de falsa tradición, sucesiones sin concluir y ocupación de baldíos que dificultan la legalización de sus predios rurales.
La Gobernación de Cundinamarca realizó una jornada de acompañamiento técnico y jurídico en la vereda San Francisco, del municipio de Junín, donde brindó orientación a familias campesinas sobre el proceso de legalización de sus predios y revisó la documentación necesaria para establecer la situación jurídica de cada caso.
La actividad hace parte del convenio que desarrolla la Secretaría del Agrocampesinado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), mediante el cual se ofrece asistencia técnica y jurídica para facilitar la formalización de la propiedad rural con uso agropecuario.
Durante la jornada, profesionales de la Dirección de Campesinado y Desarrollo Rural revisaron los documentos presentados por los propietarios e identificaron los trámites requeridos para resolver casos de falsa tradición, sucesiones sin culminar, ocupación de baldíos y otras situaciones que dificultan la legalización de la propiedad.
“Hoy estamos en Junín acompañando a las familias campesinas para revisar la documentación de sus predios y brindarles el apoyo necesario para la legalización de sus propiedades”, afirmó Marcos Barreto, secretario del Agrocampesinado.
El funcionario explicó que la formalización de la propiedad permite a los productores rurales acceder a créditos, asistencia técnica, incentivos para el sector agropecuario y otros programas del Estado que requieren seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.
“Con este proyecto buscamos que los campesinos puedan acceder a las oportunidades que ofrecen el Gobierno y el Estado para fortalecer sus proyectos productivos”, agregó.
De acuerdo con la Secretaría del Agrocampesinado, la estrategia proyecta beneficiar a más de 200 habitantes de Junín mediante el acompañamiento técnico y jurídico para la formalización de la propiedad rural, con el propósito de facilitar el acceso a programas de desarrollo rural y mejorar las condiciones de productividad del campo.
