La CAR ordenó la suspensión inmediata de una explotación porcícola en la vereda San Jorge, Zipaquirá, tras evidenciar vertimientos al suelo y olores ofensivos que afectaban a la comunidad. Durante la inspección, se encontró que los residuos de una granja con cerca de mil porcinos eran arrojados sin tratamiento a un predio de siete fanegadas, incumpliendo la normatividad ambiental. También se verificó que la porcinaza líquida y los desechos del lavado de jaulas se vertían sin control y sin permiso.
La emergencia ambiental en Zipaquirá llevó a la CAR a imponer una medida preventiva contra una granja porcícola que operaba sin permiso de vertimientos. Durante la inspección, los técnicos confirmaron que el establecimiento arrojaba residuos líquidos y sólidos directamente al suelo, sin tratamiento previo, afectando de manera severa la calidad del terreno y generando olores ofensivos que impactaban a los habitantes de la zona.
En la visita técnica, funcionarios de la regional Sabana Centro verificaron que el predio albergaba alrededor de mil cerdos con infraestructura para gestación, parto y producción cárnica. Sin embargo, los residuos derivados de esta actividad no eran manejados de forma adecuada. La porcinaza y el agua utilizada en el lavado de jaulas eran vertidas al terreno, incumpliendo las normas ambientales y aumentando los riesgos sanitarios para la comunidad.
La autoridad también encontró una zona de compostaje que producía aproximadamente 100 bultos de abono cada trimestre, lo que evidenciaba actividad productiva constante. A pesar de ello, la disposición final de los desechos seguía siendo irregular, facilitando la proliferación de bacterias y afectando el equilibrio ambiental.
Debido a que la granja no contaba con el permiso obligatorio de vertimientos, la CAR ordenó la suspensión total de sus actividades mientras avanza el proceso sancionatorio. La entidad continuará evaluando si existen afectaciones adicionales para determinar sanciones complementarias. Con esta acción, la autoridad ambiental reiteró su compromiso con la protección del entorno, la vigilancia de actividades productivas y la atención oportuna a las denuncias ciudadanas. La comunidad espera ahora avances en la recuperación del área afectada y decisiones definitivas sobre la operación del establecimiento.
