Por primera vez, la administración Trump planea despidos permanentes, rompiendo con la práctica de suspensiones temporales, lo que alarma a familias y sindicatos.
Desde la medianoche del 1 de octubre de 2025, el Gobierno federal de EE. UU. entró en un paro parcial por falta de aprobación del presupuesto, dejando sin financiamiento a muchas agencias no esenciales. En ese contexto, la Casa Blanca anunció que planea realizar despidos permanentes, algo inédito en la historia reciente ante una crisis presupuestal.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, aproximadamente 750.000 empleados federales podrían quedar en suspensión en este proceso de cierre. Pero el elemento disruptivo radica en que la administración Trump busca convertir esas suspensiones en despidos definitivos si el estancamiento político persiste.
La portavoz Karoline Leavitt anticipó que los recortes serán inminentes. En una declaración, respondió:“Dos días, inminente, muy pronto. Deberán esperar más anuncios ahora mismo”. Al preguntarle si el cronograma no era claro, respondió: “No, no es poco claro. Todas esas cosas son muy sinónimas entre sí”.
Los sindicatos federales ya respondieron con acciones legales. La Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y otros gremios demandaron al Gobierno por amenazas de despidos masivos, argumentando que son contrarias a la ley que regula los cierres gubernamentales y los derechos laborales.
Este enfoque marca una ruptura con prácticas anteriores: en crisis precedentes, los empleados federales suspendidos regresaban a sus cargos una vez se aprobaba el presupuesto, con pago retroactivo. Pero esta vez el proyecto va más allá: borrón y cuenta nueva, con despidos permanentes en lugar de suspensiones temporales.
La medida tiene consecuencias profundas: millones de hogares dependen del salario federal, y servicios esenciales como atención médica pública, procesamiento de permisos, vigilancia ambiental e incluso aeropuertos podrían verse afectados por la falta de personal. Además, el movimiento se alinea con otras políticas del Gobierno Trump destinadas a reducir el tamaño del Estado y reconfigurar la administración pública.
