El director del CERAC aseguró en El Dorado Radio que la evidencia internacional no demuestra que una mayor circulación de armas reduzca la delincuencia y advirtió que puede incrementar otros riesgos.
La propuesta de flexibilizar el porte de armas en Colombia volvió a abrir el debate sobre sus efectos en la seguridad ciudadana. En entrevista con El Dorado Radio, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), Jorge A. Restrepo, afirmó que la evidencia internacional no muestra que una mayor circulación de armas legales reduzca la criminalidad y sostuvo que la principal apuesta debe seguir siendo mejorar la capacidad del Estado para enfrentar el delito.
La discusión tomó fuerza tras los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre posibles cambios en la política de seguridad para combatir la extorsión y otras modalidades delictivas. Frente a ese escenario, Restrepo señaló que las investigaciones realizadas en distintos países no respaldan la idea de que portar un arma represente una mayor protección para los ciudadanos.
“Portar armas de fuego no genera seguridad ni protección”, afirmó el investigador, al explicar que, en muchos casos, los delincuentes tienen mayor experiencia en el manejo de armas y pueden reaccionar con un nivel superior de violencia cuando advierten que una víctima también está armada.
El director del CERAC añadió que diversos estudios han encontrado una relación entre una mayor disponibilidad de armas de fuego y el aumento de suicidios, casos de violencia intrafamiliar y accidentes dentro de los hogares. Por ello, consideró que las políticas públicas deben concentrarse en mantener controles estrictos sobre la tenencia y el porte, antes que facilitar su acceso.
No obstante, aclaró que la legislación colombiana ya contempla la posibilidad de autorizar permisos especiales para personas que afrontan riesgos extraordinarios. A su juicio, estos procedimientos podrían hacerse más ágiles, siempre que estén acompañados de evaluaciones psicológicas, físicas y de idoneidad, además de controles permanentes sobre el uso de las armas.
Restrepo también se refirió a la propuesta de crear bloques de seguridad urbana y señaló que aún es necesario conocer el contenido oficial de la iniciativa antes de emitir un juicio definitivo. Explicó que, si se trata de una estrategia de coordinación entre la Fuerza Pública y las autoridades judiciales para combatir estructuras criminales, tendría un alcance diferente al de organizaciones armadas de carácter civil.
Al recordar la experiencia de las cooperativas Convivir en la década de 1990, sostuvo que el país cuenta hoy con un marco constitucional y legal que impide la conformación de grupos privados armados para ejercer funciones de seguridad.
Finalmente, insistió en que el debate no debería concentrarse en ampliar el acceso a las armas de fuego, sino en mejorar la capacidad de instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las comisarías de familia para prevenir la violencia, investigar los delitos y proteger a la ciudadanía.
