El organismo de control confirmó su participación en el proceso de transición gubernamental y designó un enlace institucional para acompañar las mesas de empalme solicitadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
La Contraloría General de la República anunció que hará seguimiento institucional al empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el propósito de fortalecer la transparencia y la protección de los recursos públicos.
La decisión busca brindar acompañamiento técnico e institucional durante la transición administrativa que culminará con el cambio de gobierno el próximo 7 de agosto.
Mediante una comunicación, el organismo de control expresó su disposición para participar en el proceso de transición, destacando que este ejercicio contribuirá a fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la gestión pública y proteger los recursos del Estado.
La entidad precisó que su participación se desarrollará con pleno respeto por la autonomía e independencia que le otorgan la Constitución y la ley, sin interferir en las competencias propias de las comisiones de empalme conformadas por los gobiernos saliente y entrante.
Como parte del acompañamiento institucional, el contralor general designó a Alejandra Sánchez Lozada, secretaria privada del despacho del Contralor General y contralora delegada para el Sector Comercio, como enlace encargado de coordinar las actividades con los equipos responsables del proceso de transición.
Tras conocer la decisión, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó que el acompañamiento de la Contraloría fortalece la legitimidad del empalme y contribuye a ofrecer mayores garantías de transparencia frente a la ciudadanía.
La participación del organismo se suma a las 22 mesas sectoriales que comenzaron esta semana para revisar el estado administrativo, financiero y operativo de las entidades del Gobierno Nacional.
El proceso de empalme continuará durante las próximas semanas con la participación de los equipos técnicos de ambas administraciones, quienes revisarán la situación de cada cartera ministerial y de las principales entidades del Estado antes de la posesión del nuevo gobierno.
