Tras más de 20 años, Colombia actualizó su Política Nacional de Educación Ambiental con participación de más de 12.000 personas y un enfoque territorial frente al cambio climático y la biodiversidad.
Colombia actualizó su Política Nacional de Educación Ambiental tras más de 20 años, con la participación de más de 12.000 personas y un enfoque que incorpora cambio climático, biodiversidad, transición energética y realidades territoriales.
Olga Lucía Zárate Mantilla, subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional, explicó en El Dorado Radio que la actualización responde a transformaciones sociales, ambientales y climáticas que vive el país.
La funcionaria señaló que la política anterior se concentraba principalmente en los proyectos ambientales escolares y requería incorporar asuntos como la protección de la biodiversidad, la transición energética y la participación comunitaria en la construcción de soluciones ambientales.
El proceso de actualización se desarrolló durante tres años e incluyó a estudiantes, docentes, comunidades étnicas, organizaciones sociales, universidades, entidades públicas y sectores productivos.
Zárate indicó que este trabajo coincidió con escenarios de discusión nacional e internacional sobre sostenibilidad, entre ellos la COP16 realizada en Cali.
La nueva política plantea que la educación ambiental no se limite a actividades aisladas dentro de las instituciones educativas, sino que se integre de manera transversal en los procesos de formación.
Esto supone abordar la relación entre el cuidado del ambiente, los derechos de la naturaleza, la protección del agua, la biodiversidad y las dinámicas económicas de cada territorio.
Uno de los ejes del documento es la adaptación territorial, debido a que las problemáticas ambientales cambian entre regiones.
Por ello, cada comunidad podrá identificar retos relacionados con fuentes hídricas, manejo de residuos, producción agrícola, minería o conservación de ecosistemas como páramos y bosques.
Zárate resaltó la necesidad de articular a instituciones educativas, autoridades locales, universidades y comunidades para construir respuestas acordes con las realidades regionales.
También explicó que el Ministerio adelanta procesos de acompañamiento y formación docente para incorporar los lineamientos de la política en las prácticas pedagógicas.
Frente a la relación entre desarrollo económico y sostenibilidad, la funcionaria planteó la necesidad de construir acuerdos.
“El reto es sentarnos a dialogar sobre una transición justa”, afirmó, al referirse a la búsqueda de modelos productivos que protejan los recursos naturales sin desconocer las necesidades económicas y sociales de las comunidades.
La actualización busca que la educación ambiental contribuya a formar ciudadanos con pensamiento crítico y capacidad de actuar frente a los desafíos climáticos.
