El organismo de control determinó un detrimento patrimonial de $118.695.338 por errores en el reconocimiento y pago de cesantías parciales en el Hospital San Rafael.
La Contraloría de Cundinamarca declaró fiscalmente responsables a un exsubgerente y a una contratista de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá por un detrimento patrimonial de $118.695.338, originado en irregularidades en el reconocimiento y pago de cesantías parciales.
La decisión quedó consignada en el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 003 del 29 de abril de 2026, emitido por la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal.
El proceso se originó a partir de hallazgos detectados durante una auditoría practicada a la institución sobre la vigencia fiscal de 2019.
Según estableció la investigación, durante la liquidación de cesantías parciales no fueron descontados pagos autorizados en años anteriores, lo que ocasionó nuevos desembolsos por encima de los valores legalmente reconocidos y retiros adicionales de la cuenta global de cesantías del hospital.
La Contraloría concluyó que las actuaciones de los responsables se configuraron bajo la modalidad de culpa grave, al considerar que existió una gestión fiscal ineficiente y antieconómica en el manejo de recursos públicos.
Como parte del proceso, el organismo de control vinculó como tercero civilmente responsable a la Compañía Mundial de Seguros S. A., empresa que expidió las pólizas de cumplimiento relacionadas con el contrato de la persona encargada de realizar las liquidaciones de cesantías parciales.
“El control fiscal tiene un propósito claro: proteger los recursos públicos y asegurar que quienes administran dineros del Estado actúen con rigor, responsabilidad y apego a los procedimientos establecidos. Este fallo refleja el compromiso institucional con la vigilancia efectiva de los recursos destinados a la salud de los cundinamarqueses”, afirmó el contralor de Cundinamarca, Andrés Felipe Trujillo Galvis.
La responsabilidad fiscal tiene como propósito establecer la existencia de un daño al patrimonio público y adelantar las actuaciones necesarias para procurar la recuperación de los recursos cuando se comprueba una afectación económica a una entidad estatal.
