La decisión legislativa se produjo en medio de bloqueos de carreteras, escasez de alimentos y combustible, y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El Senado de Bolivia aprobó cambios a la Ley 1341 de Estados de Excepción en medio de bloqueos, protestas y enfrentamientos promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales.
La decisión se produjo mientras el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años, con carreteras bloqueadas, problemas de abastecimiento y presión internacional para buscar una salida negociada.
Las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos y sindicales, pero escalaron hacia exigencias políticas como la renuncia del presidente y la convocatoria anticipada de elecciones. Medios internacionales reportan bloqueos en carreteras, afectaciones al transporte, escasez de alimentos y dificultades para el suministro de medicamentos y combustible.
En ese contexto, el Senado aprobó la anulación parcial de la Ley 1341 de Estados de Excepción, norma que desde 2020 limitaba algunas facultades del Ejecutivo para declarar estados de sitio.
La modificación podría abrir margen para nuevas medidas del Gobierno orientadas a recuperar el control del orden público y desbloquear corredores estratégicos afectados por las protestas.
La crisis se agravó tras la muerte de un joven de 24 años durante un operativo policial-militar cerca de La Paz. Manifestantes denunciaron que recibió un disparo, mientras el Gobierno negó el uso de armas letales. La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó la existencia de una víctima mortal y anunció una investigación para establecer responsabilidades.
El expresidente Evo Morales endureció su discurso contra el Gobierno y contra dirigentes sindicales que han mostrado disposición de dialogar con el Ejecutivo. Morales calificó de “traidores” a esos sectores y advirtió que una mayor militarización podría aumentar el riesgo de confrontaciones.
El Gobierno boliviano atribuye parte de la crisis a sectores afines a Morales, mientras organizaciones sociales, mineros, sindicatos, transportadores y comunidades rurales mantienen presión en distintos puntos del país. Según reportes de agencias internacionales, las autoridades han anunciado detenciones y los bloqueos han dejado vehículos varados y afectaciones a servicios básicos.
La situación también ha generado preocupación internacional. Representantes diplomáticos de Estados Unidos y de países europeos pidieron diálogo, calma y respeto por la institucionalidad democrática.
En medio de los bloqueos, Bolivia recibió una donación de cuatro toneladas de alimentos enviada por Perú para familias afectadas en ciudades aisladas. La ayuda fue reportada el 24 de mayo, cuando las protestas completaron 19 días.
Organizaciones como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y colectivos de derechos humanos han pedido garantizar corredores humanitarios y avanzar hacia una salida negociada que evite una escalada de violencia.
